El Gobierno avanza con la puesta en marcha del nuevo modelo de obra pública y dispuso lineamientos para instrumentar la finalización del plan “Argentina Hace”, creado durante el mandato de Alberto Fernández.
El objetivo del Ejecutivo es evaluar los proyectos en ejecución para determinar el nivel de cumplimiento, el otorgamiento de fondos y si es necesario que se finalicen con financiamiento nacional o si corresponde el traspaso a las provincias o municipios respectivos.
Las directrices fueron estipuladas por el Ministerio de Economía mediante la Resolución 452/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial, considerando que “resulta pertinente establecer lineamientos respecto de los proyectos u obras que se encuentren en curso de ejecución en el marco del “Plan Argentina Hace” que deberán seguir la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Economía, sus dependencias o los organismos que funcionan en su órbita, como paso previo a dejarlo sin efecto”.
El Gobierno argumentó los lineamientos sosteniendo que desde su asunción “se han tomado distintas medidas que tienden a lograr una mayor eficiencia y eficacia en la gestión del estado nacional” y recordó que con el DNU 70/23 “se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025, ante la severidad de la crisis que atraviesa el país”.
Asimismo, retomó parte de lo expuesto por el mencionado decreto señalando que “ningún gobierno federal ha recibido una herencia institucional, económica y social peor que la que recibió la actual administración por lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente, como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas”.
A partir de esto, manifestó que “se considera necesario dejar sin efecto determinados programas que se llevan adelante en la órbita de este Ministerio que no responden a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público que este contexto requiere”.
Lineamientos
En primera instancia, la administración de Javier Milei evaluará los convenios marco de adhesión y los convenios específicos que se encuentren en curso de ejecución del plan “Argentina Hace”.
Si se verifica un incumplimiento por parte de la provincia, municipio u otro ente ejecutor, se podrán tomar medidas para corregir la irregularidad, recuperar los fondos correspondientes y/o rescindir el convenio. Además se instará a la parte pertinente a que finalice la obra con fondos propios.
En caso de que no haya incumplimiento, también se analizará la viabilidad de que la provincia, municipio u otro ente ejecutor asuma el financiamiento de la obra sin asistencia financiera del Estado Nacional.
En caso de que la provincia, municipio u otro ente ejecutor no pueda continuar con la obra, se evaluará la conveniencia de continuar con el convenio, teniendo en cuenta el grado de avance de la obra, el interés público comprometido y los costos que conlleve.
Las obras cuya asistencia financiera se decida continuar deberán concluirse en un plazo máximo de 120 días, con posibilidad de prórroga.
El Plan Argentina Hace quedará sin efecto a los seis meses posteriores al cumplimiento del mencionado plazo de 120 días.
En caso de devoluciones de fondos, las mismas se actualizarán conforme a la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina. Cumplido el plazo otorgado en la intimación sin que la provincia, el municipio y/o cualquier otro ente ejecutor haya acreditado los fondos cuya devolución se requiere, la citada jurisdicción deberá iniciar las acciones judiciales para su recupero.
Un plan heredado
El plan Argentina Hace fue lanzado por Alberto Fernández en enero de 2020 para ejecutar trabajos de infraestructura en 2.307 municipios de todo el país, con el objetivo de “generar empleo local con paridad de género”.
Los proyectos que apuntaban a generar 20.000 puestos de trabajo contemplan obras de acceso al agua potable, saneamiento y cloacas, infraestructura hídrica, accesibilidad y conectividad urbana y rural, y equipamiento social.
