Este viernes en que empieza a regir el megadecreto publicado por el presidente Javier Milei la semana pasada, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, involucró a la Corte Suprema en la definición sobre ese paquete de medidas a través de una presentación que hizo, patrocinado por el excortesano Eugenio Zaffaroni. El dirigente opositor, a través de una acción declarativa de certeza, requirió que el máximo tribunal declare inconstitucional el decreto y sumó una cautelar.
Desde un primer momento plantado como uno de los referentes de Unión por la Patria más díscolos de la gestión libertaria -ya que incluso antes de las elecciones dijo que iba a renunciar a su cargo si Milei ganaba-, Quintela anunció esta decisión por la mañana en su cuenta de X (ex Twitter).
“En el día de la fecha instruí a los abogados Eugenio Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra para que formalicen ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de certeza en la que se reclama la declaración de inconstitucionalidad del decreto N°70/2023, que produce perjuicios irreparables a la ciudadanía por resultar contrario a los artículos 1, 5, 14, 14 bis, 17, 19, 28, 29, 31, 36, 75, 99, 121 y subsiguientes de la Constitución Federal y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)”, informó el mandatario riojano.
Dijo también que pidió una medida cautelar que disponga “la suspensión total de efectos del decreto” y que ordene al Poder Ejecutivo de la Nación no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la causa.
“Con la vigencia del DNU N°70/2023 se lesiona gravemente el federalismo, la institucionalidad de nuestra república y se coloca en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales”, justificó el mandatario peronista.
Entonces indicó que hacía el reclamo “en nombre de su provincia” y ahondó sobre la presentación: “Busca en el Poder Judicial de la Nación un pronunciamiento que garantice la vigencia del estado de derecho y consolide los valores de nuestra democracia”.
La página oficial del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) explica que el criterio consolidado en la Corte es que la acción meramente declarativa -como la requerida por Quintela- está sujeta a que se invoque “un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica”, a la vez que a través de la medida se busque “precaver los efectos de un acto en ciernes”.
“El tribunal tiene dicho que para que prospere la acción de certeza es necesario que medie afectación de un interés legítimo, que el grado de afectación sea suficientemente directo y que aquella lesión tenga concreción bastante”, exponen en la web oficial en base a la jurisprudencia existente sobre este instrumento al que apeló Quintela bajo el patrocinio de Zaffaroni, cuya doctrina es denostada por los sectores antikirchneristas, que la consideran garantista.
En tanto la cautelar, que se suma a otra serie de documentos presentados por otros actores de la vida política, hoy porque desde esta jornada comienza a regir el megadecreto. En este contexto, ya esta semana la Justicia, a través del juez laboral José Ignacio Ramonet, rechazó conceder una medida interina de este tipo que solicitó la CGT porque todavía no estaba vigente el DNU.
