Basta detenerse apenas unos segundos en esta definición para comprender qué lejos están la mayoría de las personas de alcanzar ese bienestar. En 2019, la OMS puso en marcha una iniciativa para garantizar el acceso a la salud mental de más personas en el mundo. Sin embargo, la posibilidad de realizar un tratamiento eficaz sigue siendo «extremadamente baja», admite la misma organización mundial.
Los números pueden ayudar a ilustrar mejor el panorama: la depresión es la cuarta causa de la pérdida de años saludables de vida; el suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años; los consumos problemáticos -con el alcohol en primer lugar, seguido de marihuana, cocaína, psicofármacos y otras drogas «de diseño»- son crecientes entre los más jóvenes, advierte Carlos Damín, toxicólogo de la UBA. Entre los adultos, el efecto de las sucesivas crisis económicas es un poderoso generador de incertidumbre, la puerta de entrada a numerosos conflictos emocionales, como la ansiedad y la depresión. La pandemia dejó su impronta sobre distintos grupos; la violencia es un reto cotidiano, dentro y fuera de los hogares.
Las investigaciones en salud mental pueden identificar las principales problemáticas y -en teoría- aportar soluciones concretas. ¿Dónde ponen la mirada los especialistas en salud mental en nuestro país? ¿Qué temas convocan sus preocupaciones e inquietudes?
Martín Agrest, director del área de Investigación de Proyecto Suma, una ong con sede en la ciudad de Buenos Aires que brinda tratamientos de salud mental y procura la inclusión socio comunitaria de personas con padecimientos mentales severos (https://www.proyectosuma.org.ar/), indica que en el Registro Nacional de Investigaciones en Salud (Renis) existen 3007 proyectos consignados, de los cuales 155 trabajos son sobre salud mental.
Algunas temáticas que destacan son pesquisas sobre la situación de personas que viven con padecimientos mentales (internadas o con atención ambulatoria); consumos problemáticos en adolescentes (alcohol, tabaco y drogas prohibidas); hospitalizaciones por causas sociales en la infancia; varios trabajos sobre esquizofrenia; investigaciones sobre depresión, y proyectos sobre la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 (que prevé la desmanicomialización de los internados).
También se investiga sobre la estigmatización de mujeres en situación de prostitución; maternidad en mujeres con padecimientos mentales; qué manifestaciones llevan a consultas en emergencias psiquiátricas; un amplio abanico de trabajos sobre el impacto de la pandemia por Covid-19 en distintos grupos y situaciones; mortalidad y tendencias en suicidios; impacto psíquico sobre pacientes, cuidadores y enfermeros en cáncer; sexualidades; violencia de género; cuidados paliativos; sexualidad en discapacidad.
Ana Alli, psicóloga y coordinadora de Investigaciones del Hospital Nacional en Red Licenciada Laura Bonaparte, indica que esa institución es uno de los 13 hospitales nacionales del país. El Bonaparte y el Hospital Nacional y Comunidad Ramón Carrillo (ex colonia Montes de Oca) -especializado en discapacidad intelectual- son los dos dedicados a la salud mental. Debido a una política interministerial puesta en marcha por el actual Gobierno bajo un acuerdo entre el Ministerio de Salud y el de Ciencia y Tecnología, en cada uno de los hospitales nacionales existen unidades de conocimiento traslacional, que tienen por objetivo principal responder preguntas provenientes desde la problemática comunitaria, clínica y hospitalaria con la intención de saldar problemas concretos.
«En salud mental comunitaria -detalla Allí- trabajamos sobre cómo se conforman las redes en la zona sur de la ciudad (de Buenos Aires), que es donde está nuestro hospital y donde también están los hospitales Borda y Moyano. Investigamos sobre cómo usuarios y usuarias transitan por organizaciones comunitarias (comedores, paradores) y dispositivos intermedios, como por ejemplo casas de medio camino».
Otra investigación en salud mental comunitaria, que se realiza desde el hospital Bonaparte pero encabeza Ana Clara Camarotti, del Conicet, es sobre el consumo, los grupos de pares y las violencias entre los varones, tanto las perpetradas como las sufridas por ellos.
«Lo interesante es que a diferencia de lo que ocurre con las mujeres, que difícilmente se acercan al sistema de salud en casos de consumos problemáticos, el 80% de quienes consultan son varones. No es que las mujeres no consuman: lo hacen, pero están más invisibilizadas», detalla Ana Allí.
El Bonaparte también investiga los Itinerarios terapéuticos en niños y adolescentes: cómo llegan a la demanda de atención en salud mental estos grupos de edad, generalmente por cuestiones graves como autolesiones, abuso sexual infantil, descompensaciones psicóticas, crisis de angustia.
Una cuarta línea de investigación, que es transversal a todas, es la implementación de la historia clínica digital, que permitirá poner en marcha un nuevo nomenclador en salud mental que sea respetuoso de los derechos y no resulte estigmatizante.
«La idea es que la implementación de esta estrategia nos permita ver qué problemáticas son las prevalentes, cuáles los diagnósticos y después poder realizar intervenciones con la lógica de lo traslacional, de dar respuesta a los problemas que surgen de la clínica.» Al mismo tiempo, la psicóloga indica que en todas las áreas existen tres ejes: género, derechos humanos e interculturalidad, que atraviesan todas las investigaciones.
En el Observatorio de Psicología Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la UBA el psicólogo Martín Etchevers es responsable del proyecto de investigación «Relevamiento del estado psicológico de la población argentina» y actualmente recopila nuevos datos que aporten información sobre índice de severidad global, índice de riesgo, escala de ansiedad y depresión, escala de perturbación de sueño y de actividad física y también acceso a salud mental y conductas no saludables: «Seguramente, tendremos algunos resultados para el mes de diciembre», afirma el psicólogo a Télam.
Etchevers también coordinó un estudio publicado en abril del año pasado sobre una muestra de más de 2.000 personas de 18 años y más acerca de las percepciones de la población general sobre el consumo problemático de sustancias. La gran mayoría consideró que el consumo es actualmente más grave que en el pasado pero que esta gravedad no se refleja en las temáticas educativas ni en los principales espacios de debate de la sociedad. Tampoco se percibe que se lo incluya como parte de la salud mental, pero sí que el Estado y los sistemas de cobertura médica deberían cubrir los tratamientos. Los encuestados opinaron, además, que acceder a sustancias como cocaína y marihuana es fácil para la mayoría.
En diciembre del año pasado, el OPSA publicó otra investigación, también coordinada por Etchevers, para conocer el estado psicológico de la población argentina. El trabajo se realizó sobre casi 2300 casos. El riesgo de padecer un trastorno mental fue mayor entre los sectores socioeconómicos bajos, de menor nivel educativo y más jóvenes, con mayores niveles de sintomatología ansiosa, depresiva y de riesgo suicida.
Otras conclusiones fueron que el riesgo de trastorno mental es superior a los niveles que existían del inicio de la pandemia y que el consumo de drogas y de tabaco se asocian a una mayor sintomatología psicológica y riesgo suicida. En cambio, la actividad física y la práctica de yoga se asocian a menor sintomatología psicológica, ansiosa y depresiva.
Sin embargo, aquellos que perciben la necesidad de tratamientos psicológicos informan no tener acceso a realizarlos porque carecen de los medios económicos, una dificultad que parece no ocurrir únicamente en la Argentina, ya que está en consonancia con el negativo panorama que indica al respecto la Organización Mundial de la Salud (OMS).
