Bolivia enfrenta una de las peores crisis climáticas de su historia reciente. Desde noviembre de 2024, lluvias inusualmente intensas, las más severas en cuatro décadas, han dejado 58 muertes confirmadas y al menos 10 desaparecidos y han afectado a 859.775 familias, según cifras oficiales del Gobierno.
La catástrofe, atribuida tanto al cambio climático global como a la degradación ambiental interna, ha dejado a 277 municipios en emergencia y arrasado 133.898 hectáreas de cultivos en todo el territorio nacional.
El pasado 26 de marzo Bolicia declaró la emergencia nacional para agilizar la movilización de ayuda internacional con el estatal Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología (Senamhi), advirtiendo sobre el riesgo de desbordes de ríos en más de 200 municipios en ocho de nueve departamentos.
La jefa de Análisis y Pronóstico Hidrológico del Senamhi, Lucía Walper, manifestó a la agencia Xinhua que las lluvias podrían persistir hasta la primera semana de mayo, un fenómeno inusual atribuido a diversos factores, como los incendios forestales de la última década que han devastado millones de hectáreas de bosque y pastizales en el país, así como la deforestación por la minería y contaminación.
«Estamos atravesando un fenómeno totalmente anómalo. Las lluvias, que deberían haberse disipado en marzo, persisten hasta mayo, alterando todos los patrones históricos», explicó.
Los departamentos más golpeados incluyen La Paz (Oeste), Chuquisaca (sur), Cochabamba (centro), Santa Cruz (este) y Potosí (noreste), donde decenas de comunidades rurales han quedado aisladas. La pérdida de infraestructura básica, con puentes colapsados, caminos anegados y viviendas destruidas, ha agudizado la crisis humanitaria en zonas de difícil acceso.
Por su parte, el sector agropecuario, pilar económico en muchas regiones rurales, también ha sido severamente afectado. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, informó de que cerca de 134.000 hectáreas de cultivos han sido dañadas, y que 678.985 cabezas de ganado sufren por la pérdida de forraje debido a las inundaciones.
Sin embargo, aseguró que la superficie dañada representa apenas el 3,5 por ciento del total agrícola del país y descartó una crisis alimentaria.
