El Gobierno habilitó la posibilidad de que los bienes del Estado sean subastados o vendidos a través de plataformas electrónicas privadas, al introducir una serie de cambios en el proceso regulatorio para desprenderse de propiedades muebles.
La medida se implementó este martes mediante el Decreto 195/2025 publicado en el Boletín Oficial, permitiendo ampliar las herramientas disponibles para que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) oferte los bienes estatales.
De esta manera, la venta de bienes muebles se podrá efectuar tanto a través de plataformas electrónicas públicas como privadas. En el caso de que se opte por esta última opción, la normativa estipuló que la AABE deberá llevar a cabo una licitación pública.
Al respecto, precisó que se realizará “a los fines de convocar a aquellas plataformas electrónicas privadas que se encuentren interesadas en prestar los servicios de organización, gestión y realización de subastas electrónicas y/o intermediación comercial para la enajenación de bienes muebles propiedad de las jurisdicciones o entidades del Estado Nacional”.
Entre las modificaciones, también se autoriza a cada dependencia estatal a fijar el valor base de la subasta o del bien en cuestión utilizando como referencias indicadores especializados de mercado.
En este punto, el texto oficial especificó que “el valor base de las subastas y/o el precio final del bien, según fuera el caso, serán fijados por el servicio administrativo financiero correspondiente a la jurisdicción propietaria, el cual deberá emplear indicadores de mercado provenientes de fuentes reconocidas, como publicaciones especializadas, revistas del sector o bases de datos de precios del mercado privado”.
Al fundamentar la medida, el Ejecutivo expresó que “con el objetivo de optimizar y agilizar las modalidades de disposición de bienes muebles y semovientes estatales, resulta necesario impulsar una serie de modificaciones, fortaleciendo los principios de transparencia y publicidad en los procedimientos de enajenación de bienes e incorporando herramientas tecnológicas y mecanismos que promuevan una mayor concurrencia de oferentes y la optimización de los procesos”.
Asimismo, remarcó que “las modificaciones que se propician optimizarán la disposición de bienes muebles, sean o no registrables, del Estado Nacional con el fin de garantizar una gestión más eficiente y transparente de los mismos”.
Además, puntualizó que “estas disposiciones se enmarcan en las mejores prácticas internacionales y en las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, en el marco del proceso de adhesión del país al organismo, y sostuvo que “permitirán ampliar los medios disponibles para la realización de ventas, subastas y tasaciones, adaptando la normativa vigente a los estándares internacionales de gestión de bienes públicos”.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó la iniciativa en su cuenta de X asegurando que “resuelve un cuello de botella que enfrentábamos en el proceso de reestructuración del Estado: la venta de bienes muebles en desuso, trabada por exigencias burocráticas que encarecían y demoraban el proceso”.
Al argumentar el ingreso de medios privados para la operatoria de venta o subastas, explicó que con el modelo previo “la reglamentación limitaba la venta de bienes muebles a la plataforma electrónica del Estado, poco conocida y donde concurrían no muchos oferentes”.
En relación a la tardanza para efectivizar las transacciones, expuso que “con la recarga de trabajo del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) los autos, por ejemplo, podían demorar meses en ser tasados con la consecuente depreciación para cuando se vendieran (además del costo de mantenerlos todos esos meses: depósitos, seguridad, seguros, etc.)”.
