El Gobierno oficializó hoy la baja los beneficios de privilegios en la jubilación que percibe el ex vicepresidente Amado Boudou. Fue horas después de que hiciera lo mismo con la ex presidenta Cristina Kirchner, que además percibía la pensión por el fallecimiento de ex mandatario Néstor Kirchner.
La acción, que se concretó este viernes por la tarde y que fue anticipada por la Agencia Noticias Argentinas, fue motorizada por el Ministerio de Capital Humano, que lidera Sandra Pettovello, luego de investigar la jubilación que tenía Boudou, quien se desempeñó como segundo de Cristina Kirchner entre 2011 y 2015.
Según dice el texto difundido por la cartera de Pettovello, se encontró «sustento en la confirmación de una condena penal que, mediante sentencia definitiva, que agota la instancia judicial ordinaria, se afecta el presupuesto legal que requiere este privilegio».
«Es decir, el hecho de haber sido encontrado culpable de un delito contra la administración pública en el ejercicio de su función pública, tornaba inadmisible que pudiera seguir percibiendo de modo directo o derivado, asignaciones de privilegio de las que resultaba beneficiaria», resalta la resolución.
En diciembre de 2020, la Corte Suprema confirmó la condena a 5 años y 10 meses de Boudou por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, y actualmente cumple su pena con prisión domiciliaria. Por su desempeño como vicepresidente, el ex compañero de fórmula de Cristina Kirchner percibía $ 6.309.622 en concepto de pensión vitalicia.
En otro lapso del documento difundido, el oficialismo resaltó que fue elemental en la iniciativa a quitarle la jubilación a Boudou por «respeto a la coherencia de la gestión de gobierno y de las lógicas y razonables consecuencias que debe tener la comisión de esta clase delitos que atentan contra el sistema democrático».
A primera hora de este viernes, el Ejecutivo hizo efectiva hoy la baja de la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner, al argumentar que las asignaciones (en referencia la jubilación y la pensión) «devienen jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública». Se trata de la suma de 21.827.624 pesos.
Hizo hincapié casi en el mismo argumento que utilizó más tarde con el caso de Boudou, al citar que el pasado miércoles la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a la ex mandataria «a la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos».
