18.04.24 Este miércoles 18, en horas de la mañana, en el H. Concejo Deliberante, se realizó un emotivo y solidario acto protocolar por el cual, ediles capitalinos, entregaron a ex personal de la delegación local de ENACOM, la Declaración 02/24 por la que se manifiesta el enérgicamente “el rechazo a la Resolución N° 2024/7/APN-ENACOM, mediante la cual se dispone el cierre operativo de las delegaciones provinciales del Ente Nacional de Comunicaciones a partir del 1 de abril del año 2024, cesanteando a los trabajadores y trabajadoras de las respectivas dependencias”.
Para los ediles, sustancialmente “lo acontecido reviste gravedad institucional, dado que al tiempo que se procede de manera absolutamente irregular y sin observancia a las leyes vigentes en materia de tutela laboral -dejando sin trabajo a personal estatal con estabilidad laboral, capacitado y con antigüedad-, se priva a la comunidad en su conjunto de los servicios que este ente cumplía en resguardo de derechos relativos a las comunicaciones”.
En la oportunidad, estuvieron presentes, el presidente del cuerpo, Humberto Santillán, el vicepresidente primero, Walter Medina Salomón la vicepresidente segunda, Cra. Marisa Pérez Nazar, Dra. Gabriela Ortiz, Carlos Alberto Nazer y Aida Soria, del bloque Frente Cívico y Cra. Marianella Lezama Hid, bloque Libres del Sur.
Recibieron la Declaración, por la delegación de ENACOM local: Ana Milki, Walter Sambade, Carla Barrón, Ignacio Demuro, Alejandra Garay, Marco Ortiz y Héctor Garay, estos dos últimos delegados de UPCN Nación.
Declaración
La Declaración que sancionó por unanimidad el deliberativo municipal, presentada por el bloque del Frente Cívico, en sus fundamentos señalaban:
Que, en los últimos días el Gobierno Nacional dispuso el cierre de las Delegaciones del ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), en todas las provincias de nuestro país, cesanteando a los trabajadores y a las trabajadoras que en ellas se desempeñaban.
Que, los despidos fueron realizados de manera indiscriminada, sin diferenciar forma de contratación, antigüedad, jerarquías y demás, incluso se procedió al despido de trabajadores y trabajadoras que ostentaban la calidad de delegados gremiales con mandato vigente.
Que, por su parte cabe destacar que los trabajadores y a las trabajadoras tomaron conocimiento de la situación, cuando al finalizar el fin de semana largo de Pascuas, se presentaron en sus respectivas oficinas a cumplir sus tareas habituales y les fue impedido el ingreso a las mismas, por parte de personal de la Policía Federal Argentina, quienes se encontraban apostados en el lugar y restringiendo el acceso al mismo, al punto tal que no pudieron ni siquiera acceder a retirar sus efectos personales, los que cualquier trabajador o trabajadora conserva consigo atento a que normalmente pasa gran parte de su día en su lugar de trabajo.
Que, la situación por la que atravesaron, el ultimo día hábil en que cumplieron tareas normalmente, al retirarse de aquella oficina una vez finalizada la jornada laboral, como un día cualquiera, seguramente, ordenaron sus efectos personales, acomodaron la silla que ocuparon, revisaron los equipos, las puertas, ventanas, miraron aquellos espacios comunes, donde acumularon vivencias durante años y se despidieron, con un hasta luego, hasta la otra semana y hasta un “Felices Pascuas”, y se dispusieron marcharse, sin más ceremonias de despedida, pues regresarían la semana entrante, como tantas veces lo hicieron. Esa misma tarde recibieron noticias de que algo malo pasaría con su fuente de trabajo y sin mayores precisiones, atravesaron las horas más largas de las que tengan memoria reciente, esperando que llegue el miércoles, día hábil siguiente, después del fin de semana largo, para saber o conocer cuál sería realmente su destino.
Que, la noticia tan temida se visibilizo en el rostro de los uniformados, que apostados en la puerta de acceso repetían a aquellos trabajadores, esa mañana para el olvido “ustedes no están autorizados a entrar”.
Que, lo acontecido reviste gravedad institucional, dado que al tiempo que se procede de manera absolutamente irregular y sin observancia a las leyes vigentes en materia de tutela laboral, se priva a la comunidad en su conjunto de los servicios que este ente cumplía en resguardo de derechos relativos a las comunicaciones.
Que, en consecuencia, el perjuicio que representan los despidos para los trabajadores y sus respectivos grupos familiares y sus entornos directos, se suma el hecho de que los ciudadanos no contaremos con una oficina donde formular reclamos y/o realizar consultas a personal capacitado técnica y profesionalmente, el que habitualmente realizaba diferentes tareas de regulación, control y fiscalización y que en conjunto con diferentes sectores del ente, posibilitaban la prestación de los servicios regulados, tales como internet, telefonía móvil, telefonía fija, servicio postal, radio, televisión, etc. conforme a los estándares de calidad que la normativa vigente establece.
