El Ministerio Público extendió su petición de cárcel a otras 17 personas, entre las que se incluyen varios de sus colaboradores de confianza, así como a antiguos altos mandos militares y de la Policía, según informó la agencia de noticias estatal ABI, el diario local El Deber y recogió la agencia de noticias Europa Press.
“Se ha formulado acusación fiscal en contra de 18 persona, entre ellas Jeanine Áñez Chávez, quien al momento del hecho ejercía las funciones de presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia”, informó el fiscal general, Juan Lanchipa, en conferencia de prensa.
Entre los señalados se encuentran los entonces ministros de Gobierno; Arturo Carlos Murillo; de Defensa, Luis Fernando López; y el de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, a los que la Fiscalía acusa de «la comisión del delito de genocidio y la grave afectación al bien jurídico más importante, que es la vida».
A la lista se le suman los nombres del entonces comandante jefe de las Fuerzas Armadas, Sergio Carlos Orellana; el jefe del Estado Mayor, Pablo Arturo Guerra; el inspector general de las Fuerzas Armadas, Aldo Bravo Méndez; y los respectivos comandantes de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército de tierra, entre otros.
Jornadas sangrientas
Los días 15 y 19 de noviembre de 2019 estallaron manifestaciones que fueron duramente reprimidas por los cuerpos de seguridad que, amparados en un decreto supremo que los eximía de responsabilidades penales por el uso desmedido de la fuerza, dispararon mortalmente a una veintena de civiles.
Estos hechos se produjeron apenas unos días después de que Áñez se proclamara presidenta de Bolivia, poco después de la renuncia forzada de Evo Morales, considerada por muchos como un golpe de Estado.
El líder indígena abandonó el cargo en medio de una fuerte crisis social y mientras sectores de la Policía y el Ejército orquestaban un motín en su contra.
Áñez, por aquel entonces senadora, asumió el cargo el 12 de noviembre primero proclamándose como presidenta de la Cámara Alta boliviana y, más tarde, como titular del Estado. Todo ello en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin el consenso ni la presencia mínima de legisladores.
