Las medidas fueron defendidas este lunes por el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y por el ministro del Interior, Vicente Romero.
Otárola insistió en la necesidad de “proteger a la población y reducir la sensación de desprotección” y reclamó por eso al Congreso la cesión de las facultades legislativas que pidió el Ejecutivo.
“Las medidas que está tomando el Gobierno en materia de lucha contra la inseguridad ciudadana, y seguramente las próximas medidas radicales que vamos a tomar una vez que el Congreso nos dé las facultades legislativas, van a estar destinadas no solamente a proteger a la población sino a bajar la sensación de inseguridad ciudadana en el país, porque ese es nuestro deber”, señaló, según la agencia estatal de noticias Andina.
Consideró “un deber y una obligación” del Gobierno “trabajar día a día en la atención de los más necesitados, de la salud de los más pobres, de la seguridad de todos aquellos peruanos que viven aterrados por estas hordas de criminales que hacen tabla rasa por el respeto a la dignidad y la integridad de las personas”.
Mientras, Romero anunció que los extranjeros que no regularicen su situación migratoria ante la Superintendencia de Migraciones antes del 10 de noviembre deberán salir del país.
«Seremos inflexibles», dijo el titular del Interior en conferencia de prensa, en la que adelantó que habrá una campaña comunicacional dirigida a los extranjeros para recordar los plazos y las opciones que tienen.
Migraciones instó a los extranjeros que tienen pendiente la regularización de su situación migratoria acogerse al nuevo Permiso Temporal de Permanencia.
Romero dijo que no solo se reforzará el control migratorio para evitar el ingreso irregular y de miembros de organizaciones delictivas internacionales, sino que además habrá un control riguroso de los armamentos, municiones y explosivos que entran y salen del país, «con lo cual habrá una mejor seguridad en el país».
Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, ratificó que las Fuerzas Armadas se mantendrán activas para apoyar a la Policía.
«Es un trabajo coordinado que se tiene que hacer para proteger los activos críticos y en el devenir del desarrollo de planes de operaciones que va a llevar a cabo nuestra Policía Nacional», agregó Chaves.
El titular de Defensa reseñó que también algunas zonas de frontera, como Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Madre de Dios y Tacna, están en emergencia.
El Congreso, controlado por fuerzas que apoyan la gestión de Boluarte, analiza el pedido de facultades extraordinarias, presentado por el Ejecutivo en medio de un crecimiento exponencial de la delincuencia, que se convirtió en uno de los mayores problemas para el Ejecutivo.
