El planteo de los demandantes es que el Estado argentino no lanzó una oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones a los socios minoritarios, mientras que en 2014 se le pagó a la española Repsol unos u$s5.000 millones en concepto de resarcimiento por la «renacionalización» de la petrolera.
Tal diferencia en el trato económico a los accionistas de YPF prendió las alarmas de los propietarios extranjeros del 51%, pero Preska no hizo lugar a todos los reclamos de los demandantes.
«El Tribunal está de acuerdo en que el precio de la oferta pública de adquisición que la República habría estado obligada a ofrecer si la República cumpliera con los Estatutos es la medida apropiada de los daños compensatorios de los demandantes», sentenció Preska, no obstante lo cual «debido a que no se puede identificar la fecha en la que Republica activó su obligación de oferta pública de adquisición, no puede determinar la fecha de notificación contrafactual y, por lo tanto, no puede cuantificar los daños compensatorios de los demandantes«.
Esto significa que no es claro para la justicia de Nueva York cuándo el Estado argentino debería haber lanzado la oferta pública para los accionistas de YPF, si en 2012 o en 2014, cuando fue el pago a Repsol. Hoy en día YPF cotiza a u$s8.576 millones en la Bolsa de Nueva York.
A pesar de que tendrá que desembolsar una cifra millonaria en concepto de garantía por haber perdido el litigio en primera instancia, Argentina aún tiene la posibilidad de apelar el fallo de Preska en un nivel superador del Poder Judicial de los Estados Unidos: primero ante la Cámara de Nueva York y luego frente a la Corte Suprema.
Hasta la fecha no se fijó el monto de la indemnización final ni del pago de la garantía, pero el precio final que Argentina podría tener que pagarle a los fondos Burford Capital y Eton Park oscila entre los u$s 8.500 millones y los u$s19.8000 millones.
